Mirada a Distancia

Mujeres en busca de justicia.

Esperanza Reyes salió libre las últimas horas del miércoles 29; el jueves Lucero, una joven guanajuatense podría recibir justicia.  

 Un juez federal concedió a Esperanza Reyes Aguillón su libertad tras más de dos años de que la potosina que fue detenida por pagar una libreta con un billete falso de 100 pesos.

De acuerdo con el abogado José Mario de la Garza Marroquín, integrante de la Barra Mexicana de Abogados, que solicitó al presidente Enrique Peña Nieto el indulto para Esperanza, el juez de control del Poder Judicial de la Federación determinó preliberar a la potosina, luego de una revisión del caso.

Con ello, Esperanza, quien pasó más dos años en la cárcel, parte de ellos en las Islas Marías, salió en libertad. Se le había condenado a más de cinco años de prisión.

El periodista Joaquín López Dóriga informó también lo anterior y detalló a través de su cuenta de Twitter que “se revisó caso de la mujer encarcelada 6 años por pagar con un billete falso en San Luis Potosí y saldrá libre está tarde”.

Dicha información se difundió luego de la entrevista que el periodista sostuvo con Lía Limón, subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, quien anunció la resolución.

Detalló que por instrucciones de Enrique Peña Nieto se revisó el caso de Esperanza Reyes, y agregó que “hay que trabajar por construir una política de estado en materia de derechos humanos”, ello, en el noticiero de Grupo Fórmula.

Abandonó el penal 

Cerca de las 17:15 horas Esperanza Reyes firmó su salida en la aduana del Centro de Prevención y Readaptación Social (Ceprereso) de La Pila.

Esperanza Reyes Aguillón, procesada por el pago de una libreta para su hija con un billete de cien pesos falso, abandonó el reclusorio enterada de que el gobierno federal no le concedió el indulto, pero un juez de control sí le otorgó una preliberación.

Luego de salir por la aduana vehicular del penal, sola, sin custodios ni elementos policiales, con semblante relajado, caminó de prisa hacia la caseta de ingreso al estacionamiento, para firmar su salida del Centro de Reclusión.

Esperanza prefirió no hablar con reporteros, aunque insistieron una y otra vez en dialogar con ella. Fue abordada por su hermana Eréndira y la subieron en la plaza izquierda del asiento trasero de un automóvil Honda Civic, color rojo, con placas VDU-4261. Así, de prisa, el vehículo abandonó el Centro de Reclusión.

Julieta Méndez Salas, encargada del despacho del Centro de Atención a Víctimas del Delito, se mantuvo atenta a los acontecimientos.

Hay más de 100 casos similares: Lía Limón

Lía Limón lamentó que ocurran este tipo de casos y afirmó que se atenderán situaciones similares que existen en el país al tiempo que se comprometió a respetar los derechos humanos.

“[Este caso] nos obliga a hacer sumamente cuidadosos en la procuración de justicia, en la impartición de justicia, que nos obliga además a juzgar desde una perspectiva de derechos humanos”, dijo la funcionaria de Gobernación.

Reconoció que así como el caso de Esperanza Reyes, hay más de 100 casos en las mismas condiciones de personas que en su ignorancia y pobreza, sobre todo, pagaron con un billete falso, sin saberlo y están en la cárcel.

“Esto nos llevará seguramente a revisar casos que estén en la misma situación”, aseguró. Como ejemplo habló del caso de David Herrera Martínez, un comerciante de Ocotlán, Jalisco, que pagó un sombrero con un billete de 500 pesos, situación que lo envió a un penal federal de máxima seguridad con una condena de seis años de cárcel.

“Son casos que nos obligan a hacer una reflexión de la importancia de incorporar la visión de derechos humanos a la hora de impartir y procurar justicia”, dijo Lía Limón.

Información tomada del periódico La Jornada

La joven arteramente golpeada en Guanajuato, afronta este jueves 30 de enero, la última opción por recibir justicia del gobierno.

Lucero, María de la Luz Salcedo Palacios

La joven María de la Luz Salcedo Palacios, mejor conocida como Lucero, enfrentará este jueves 30 de enero su última oportunidad para obtener justicia de parte de las autoridades del gobierno de Guanajuato: el juez responsable del caso tendrá que analizar lo sucedido la madrugada del 12 de septiembre de 2013 y determinar la sanción para el agresor de la joven.

Hace poco más de cuatro meses, el caso de María de la Luz o Lucero, se hizo público a nivel local y pronto alcanzó una dimensión nacional e internacional.

Bastaron sólo unas horas para que la indignación de la sociedad de Guanajuato, y de todo el país se manifestara no sólo a través de los medios de comunicación sino también por medio de las redes sociales.

El 12 de septiembre pasado, muy cerca de Dolores Hidalgo, la joven, de 18 años de edad, fue brutalmente golpeada por un conocido identificado como Miguel Ángel Jasso Manríquez, a quien se atrevió a denunciar, primero como “una muestra de solidaridad para las mujeres víctimas de violencia” y después como “un enérgico llamado a las autoridades a actuar” y atender de manera oportuna casos como el de ella.

Lucero, como la llaman sus amigos y familiares, tuvo que enfrentar las trabas burocráticas y puso en evidencia los errores existentes en los protocolos de atención para las mujeres víctimas de violencia en Guanajuato y también la poca sensibilidad sobre el tema del actual Gobernador Miguel Márquez Márquez.

En respuesta a la presión social, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajauto (PGJEG) avanzó rápidamente en el caso.

La primera audiencia, en la que Lucero se volvió a topar de frente con su agresor se realizó el 30 de septiembre, una semana y media después de hacer pública la denuncia.

REVICTIMIZADA E IGNORADA.

En la audiencia de vinculación a proceso, Lucero fue revictimizada cuando en la audiencia pública se revelaron datos personales que no tenían mayor relevancia en el caso, denunciaron agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

El caso de la jovencita que fue golpeada por negarse a tener relaciones sexuales con un conocido traspasó las fronteras.

A la denuncia pública se sumaron medios nacionales e internacionales, todos en busca de Justicia para Lucero.

El 4 de octubre, en una entrevista para la cadena internacional CNN, el Gobernador Miguel Márquez negó que su gobierno cubriera la negligencia de las autoridades judiciales en el caso: “Tengo hija, esposa, tengo madre. He actuado con respeto a la mujer, lo aprendí en casa, a nadie se le desea esto. Por eso he sido muy claro, una actitud férrea, donde se aplique la ley, donde nadie quede impune en la violencia contra las mujeres, no se debe permitir. Aquí ya será un asunto del Poder Judicial para que revise el actuar de la juez”, dijo entonces.

 A través de redes sociales se convocó a la sociedad en general a seguir el caso y brindar su apoyo a la joven guanajuatense.

Se creó el hashtag #JusticiaParaLucero, además de que la página de Facebook abierta expresamente para su caso tiene actualmente más de 6 mil 600 seguidores.

El caso de Lucero fue tomado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar posibles violaciones a los derechos de la jovencita, asunto que todavía no resuelve ese organismo.

También intervino el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que mandó un documento dirigido al Gobernador Márquez Márquez y al entonces presidente del Poder Judicial, Alfonso Fragoso Gutiérrez, para que se revisara la actuación de los servidores públicos. Sin embargo en ambos casos se omitió la solicitud del Inmujeres.

En el transcurso del proceso se fueron sumando las muestras de apoyo y solidaridad a la joven, de manera activa estuvo siempre presente la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

A finales de octubre del 2013, el caso llegó a los tribunales federales con el apoyo de un grupo de abogados del CIDE; la solicitud fue que se reclasificaran los delitos por los que se denunciaba a Miguel Ángel Jasso Manríquez.

En la carpeta de investigación que integró la Procuraduría de Justicia del Estado se establecían solamente delitos menores como: abusos eróticos sexuales y lesiones.

La petición desde un inicio de Lucero, de sus familiares, de activistas sociales fue que se reclasificaran los delitos por tentativa de violación y tentativa de homicidio.

Después de la presión social la Procuraduría de Guanajuato solicitó la reclasificación de los delitos. Por lo que el jueves 30 de enero, mañana será un dial crucial para Lucero, que ha enfrentado a las autoridades para que su caso no sea uno más de las estadísticas de la violencia contra las mujeres en México.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/29-01-2014/888011.